Cuba sugiere compensar propiedades confiscadas, pero ¿con qué dinero?

La nueva señal llegó a través de declaraciones del vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío, quien afirmó que Cuba estaría dispuesta a poner sobre la mesa una fórmula de compensación global para abordar las reclamaciones por propiedades nacionalizadas tras 1959. Sin embargo, no se trata de un acuerdo firmado, ni de una decisión ejecutiva, ni de una promesa concreta de pago al exilio, sino de una posibilidad planteada dentro de una eventual negociación más amplia con Estados Unidos.

Una cosa es sugerir una salida diplomática y otra muy distinta disponer de los recursos para sostenerla. Hoy Cuba no proyecta la imagen de un Estado con capacidad de reparar daños patrimoniales históricos. Proyecta, más bien, la imagen de un sistema en bancarrota, atrapado entre la escasez, el deterioro de su infraestructura y una dependencia crónica de divisas que ya casi no produce.

Este mes, marzo de 2026, la isla está sufriendo frecuentes colapsos del sistema eléctrico nacional (SEN). El régimen no logra garantizar electricidad estable, conectividad ni abastecimiento básico, por tanto, no puede presentarse como un pagador serio de compensaciones multimillonarias.

Tampoco ayuda el estado de una de sus principales fuentes de divisas. Reuters reportó en febrero que la crisis de combustible golpeó con fuerza al turismo, uno de los pocos sectores que todavía generaban moneda dura para el país. Varias aerolíneas suspendieron vuelos, cadenas hoteleras redujeron operaciones y la llegada de visitantes cayó con fuerza. En 2024, el turismo generó alrededor de 1.300 millones de dólares y representó cerca del 10% de los ingresos por exportación; precisamente por eso, su deterioro empeora aún más la incapacidad financiera del Estado cubano.

La Foreign Claims Settlement Commission de Estados Unidos certificó 5.911 reclamaciones compensables contra el Estado cubano, con un valor principal superior a 1.851 millones de dólares. Esa cifra corresponde solo al principal histórico, sin entrar en el efecto del tiempo, los intereses acumulados o el costo político de cualquier mecanismo de arreglo. No se trata, por tanto, de una deuda menor que pueda resolverse con un gesto propagandístico o por arte de magia.

Por eso, más que una política de justicia, lo que parece emerger es una maniobra de supervivencia. El castrismo no introduce este asunto porque de pronto haya decidido reconocer el valor de la propiedad privada o reparar el daño causado durante décadas. Lo introduce porque necesita oxígeno. Necesita abrir canales, proyectar flexibilidad y enviar señales a Washington, a sectores empresariales y a parte del exilio en un momento de debilidad económica extrema.

También conviene desmontar otra simplificación: lo que ha trascendido hasta ahora no equivale a decir que “Cuba le va a pagar al exilio”. Lo que existe es la mención de una posible compensación dentro de un marco bilateral vinculado a reclamaciones específicas, en especial las reconocidas oficialmente por Estados Unidos. Eso deja fuera una parte importante del universo moral y patrimonial del despojo sufrido por los cubanos. Incluso en el escenario más favorable, no estaríamos hablando de una justicia plena, sino de una salida política acotada, negociada y previsiblemente diseñada para pagar lo mínimo posible.

¿Por qué habría que creerle a una dictadura que primero confiscó, luego destruyó la riqueza nacional, después arruinó la moneda, más tarde expulsó a millones de cubanos y ahora pretende presentarse como interlocutor responsable en materia de reparación? El régimen quiere hablar de compensaciones desde las cenizas de un país que él mismo devastó.